La reciente protesta contra el veto presidencial al presupuesto destinado a la discapacidad encendió una luz de alarma entre los profesionales del sector, que advierten sobre la grave situación económica que atraviesan. Leonela Moyano, psicopedagoga y directora del centro interdisciplinario RIE, explicó la complejidad del trabajo integral que realizan con niños, adolescentes y adultos, y la importancia de sostener un sistema que hoy corre serio riesgo de desaparecer.
“Trabajamos en equipo con psicólogos, terapistas ocupacionales y fonobiólogos para brindar una atención completa y personalizada. Pero ya no sabemos cómo llegar a fin de mes: las prepagas pagan los honorarios con retrasos de 60 a 90 días y los montos son insuficientes para cubrir los costos reales de las terapias”, indicó Moyano.
Actualmente, el Estado fija un tarifario máximo para las sesiones de 45 minutos que ronda los $12.000, un valor que no alcanza ni a cubrir los gastos básicos del servicio. “Para una familia, sostener las terapias de un hijo con discapacidad representa un gasto mensual cercano a los 400 mil pesos, algo inviable para la mayoría. Sin este apoyo, muchas personas pierden el acceso a tratamientos fundamentales”, alertó.
Moyano remarcó que esta problemática no es partidaria ni política, sino transversal, y que el colectivo de discapacidad reclama un sistema justo y sostenible. “No estamos en contra de controles para evitar abusos en la entrega de pensiones y certificados de discapacidad, pero esa regulación debe estar a cargo del Estado, no debe afectar a quienes realmente necesitan y trabajan en el sector”, afirmó.
La crisis se extiende también a escuelas especiales y centros de día, que enfrentan la misma incertidumbre financiera y ven amenazada su continuidad. “Si el sistema se desfinancia, todo el entramado que acompaña a las personas con discapacidad puede colapsar, dejando a miles sin atención adecuada”, concluyó Moyano.
