Una auditoría judicial reveló nuevas irregularidades en la causa por corrupción en la Cámara de Diputados bonaerense: ñoquis con doble empleo, contratos sin control y hasta una mujer contratada que residía en el exterior.
La causa por corrupción en la Legislatura bonaerense, conocida como el “caso Chocolate” Rigau, sigue sumando capítulos insólitos a medida que se acerca al juicio oral. En un extenso dictamen de más de 450 páginas, la fiscal Betina Lacki documentó múltiples irregularidades administrativas y contratos fantasmas, en una maniobra que, según estimaciones judiciales, le provocó un perjuicio al Estado por más de 800 millones de pesos.
Entre los hallazgos más escandalosos figura el caso de María Eugenia Rodríguez, quien fue contratada por la Cámara de Diputados entre mayo y octubre de 2023… mientras vivía en España. A pesar de la gravedad de la situación, su contrato fue rescindido sin mención alguna a las irregularidades detectadas. La tarjeta de débito con la que cobraba su sueldo fue hallada en poder de Julio “Chocolate” Rigau al momento de su detención.
La maniobra investigada gira en torno al polémico puntero del PJ en La Plata, quien cobraba sueldos de al menos 48 supuestos empleados públicos con tarjetas que no le pertenecían. La causa también involucra al ex subdirector de Personal de la Legislatura, Claudio Albini, y a su hijo Facundo, ex concejal y funcionario del cuerpo legislativo. Ambos permanecen detenidos y son considerados las “cabezas” de la asociación ilícita.
Para los investigadores, la maniobra consistía en designar empleados que no cumplían funciones y luego apropiarse de sus sueldos. A cambio, estos “ñoquis” accedían a obra social y aportes jubilatorios. “No se trataba de necesidad económica, sino de obtener beneficios sin trabajar”, sostuvo la fiscal Lacki.
Otro caso que llamó la atención fue el de María Amanda Albino, quien figuraba con domicilio en La Plata pero vivía en Chivilcoy, a más de 220 kilómetros. Según la fiscal, estas inconsistencias reflejan la “informalidad absoluta” con la que se manejaba la Cámara de Diputados en la contratación de personal.
Además, al menos 15 de los supuestos empleados tenían trabajos paralelos. Álvaro Agra confesó trabajar en un comercio de Tigre; Ernesto Crivaro en una zona franca; María Cecilia D’Ovidio tenía una panadería, y José Da Ponte se desempeñaba en una agencia de loterías. Entre los beneficiarios de contratos públicos irregulares también aparecieron dos hijos de Rigau, uno de ellos empleado en un hipermercado.
Facundo Albini intentó desligarse de su padre y negó haber participado en la organización delictiva. Para demostrarlo, llegó a solicitar a Estudiantes de La Plata registros que probaran que ya no asistían juntos a la cancha. Sin embargo, la fiscal desestimó esta estrategia por falta de pruebas contundentes.
Los investigadores también apuntaron contra las autoridades legislativas, a quienes acusaron de obstruir la investigación al no colaborar adecuadamente. Una auditoría interna que llegó un año y medio después del escándalo minimizó los hechos e incluso aseguró que no hubo perjuicio económico, aunque recomendó “normalizar” las contrataciones.
Lo cierto es que el caso ya tiene a sus principales imputados detenidos, pruebas concretas de chats y fotos, y una causa que se encamina al juicio oral con fuertes implicancias políticas. Un nuevo ejemplo de cómo el sistema estatal puede ser desmantelado desde adentro por una red de complicidades que va mucho más allá de un puntero local.
