En los últimos días, la empresa Trieco, conocida por sus problemas ambientales en Avellaneda, volvió a estar en el centro de la polémica. Esta vez, los hechos trascendieron la contaminación: según denuncian los vecinos, la empresa intentó ingresar ilegalmente a una propiedad privada, en un hecho que mantiene en vilo a la comunidad.
Los afectados son María Ducs y su esposo Daniel Retamosa, quienes viven en la zona desde hace más de tres generaciones. Trieco se instaló en el lugar en 1993, y desde entonces, los vecinos han realizado múltiples denuncias ante organismos oficiales por contaminación ambiental.
El pasado jueves y viernes se registraron incidentes graves: personal de Trieco, incluyendo un empleado identificado como Diego Arévalo, intentó ingresar al terreno de la familia, rompiendo cadenas y candados, mientras otro individuo filmaba la situación desde una camioneta. Según relata el Dr. Juan Gómez, abogado de la familia:
“Ingresaron a la finca y tuvieron que retroceder solo ante nuestra presencia y la de la policía provincial. La familia Retamosa-Ducs posee esta propiedad desde hace más de 50 años, con pleno derecho posesorio.”
El procedimiento fue acompañado por la policía, aunque de manera irregular: no se identificaron como miembros de la fuerza, no mostraron órdenes judiciales claras y actuaron de manera prepotente. Además, la semana pasada, Daniel Retamosa fue detenido por 48 horas, en un procedimiento calificado por el abogado como “totalmente irregular”, vinculado a denuncias impulsadas por Trieco y supuestamente por delitos ambientales.
El Dr. Gómez confirmó que se presentaron denuncias ante Fiscalía y Asuntos Internos de la Policía Federal, tanto por la turbación de la posesión como por daños al portón de la propiedad, buscando responsabilizar a los responsables de este accionar mafioso.
María Ducs, con más de 450 denuncias ante distintos organismos oficiales, sigue denunciando la contaminación de Trieco y las acciones intimidatorias contra su familia. El caso evidencia no solo la persistente contaminación de la empresa, sino también el hostigamiento sistemático a los vecinos que denuncian irregularidades.
“Trieco compra impunidad y aprieta a los vecinos. Esperamos que la justicia actúe, tanto frente a este intento de ocupación como frente a las casi mil denuncias acumuladas contra la empresa,” concluyó Marcelo Brunual.
La comunidad de Avellaneda observa con atención este caso, esperando que los derechos de los vecinos y la protección ambiental prevalezcan sobre la presión y el abuso de poder de la empresa.
