La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) denunció a la intervención de la obra social del gremio, OSPRERA, que encabeza Marcelo Petroni por el pago de más de 500 millones de pesos por medicamentos a un laboratorio que no mantiene un convenio vigente con la entidad.
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) lanzó una fuerte denuncia contra la intervención del gobierno nacional en la Obra Social de los Trabajadores Rurales (OSPRERA), designada por decreto del presidente Javier Milei.
La denuncia apunta directamente al interventor Marcelo Petroni por la ejecución de pagos millonarios a un laboratorio sin convenio vigente, mientras se paralizan los pagos a droguerías que garantizan la provisión de medicamentos, lo que genera graves cortes en tratamientos de pacientes.
Según la UATRE, desde que Petroni asumió la intervención, se desembolsaron más de 500 millones de pesos ($555.789.636 entre noviembre y enero) a un laboratorio que actualmente no tiene contratos ni suministra medicación a los afiliados.
La organización gremial que conduce José Voytenco calificó esta situación como la transformación de la obra social en “un vehículo para hacer negocios con efectores de salud”, señalando que estos pagos se realizaron sin justificación, por deudas no auditadas y fuera del marco legal impuesto por el propio gobierno.
El sindicato subrayó que la gravedad de la situación aumenta al contrastar estos pagos millonarios con el incumplimiento de compromisos de pago a droguerías, lo que ha provocado la suspensión en la provisión y dispensa de medicamentos esenciales.
La UATRE advirtió que esta situación está interrumpiendo tratamientos cruciales para pacientes oncológicos y aquellos con patologías crónicas como HIV y diabetes, poniendo en grave riesgo su salud e incluso provocando fallecimientos. La denuncia menciona los casos de José Garavento y Marta Susana Morfil, beneficiarios oncológicos que perdieron la vida en este marco, hechos que ya fueron judicializados para su investigación.
La organización sindical también denuncia un incremento significativo en los reclamos judiciales por falta de cobertura médica. Solo en febrero de 2025, en las jurisdicciones de La Plata, Mar del Plata y Rosario, se registraron más de 60 procesos judiciales, incluyendo amparos de salud y ejecuciones por falta de pago a hospitales públicos, lo que evidencia el “gravísimo estado de salud de la población de la Obra Social”, remarcó UATRE.
Las acusaciones contra Petroni no se limitan al presunto desmanejo de fondos y el abandono de la salud de los afiliados. La UATRE también lo señala por incumplir normativas del propio Ministerio de Salud. Se menciona específicamente la Resolución N°4912/24 de la Superintendencia de Servicios de Salud y el Decreto N°1045/2024, que establecen la obligatoriedad de auditar las deudas antes de pagarlas y priorizar los pagos de tratamientos en curso, normativas que, según la denuncia, Petroni incumple de manera sistemática.
La denuncia penal presentada por la UATRE no solo apunta a Petroni, sino que también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, y al Superintendente de Servicios de la Salud, Gabriel Oriolo, por “abuso de autoridad, e incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta”.
El expediente judicial sostiene que las acciones de Petroni fueron posibles gracias a la “aquiescencia” de las máximas autoridades sanitarias, quienes, a pesar de tener la obligación de controlar la gestión del interventor y estar al tanto de las irregularidades, no tomaron medidas al respecto.
La intervención en OSPRERA se concretó en octubre de 2024 por orden de un juez que posteriormente fue apartado por incompetente y denunciado por “prevaricato”. A pesar de las denuncias realizadas por la conducción de UATRE sobre irregularidades en el proceso de intervención, incluyendo su ejecución fuera del horario judicial y sin la debida notificación, la medida se mantiene vigente pese al vencimiento del plazo de la sentencia.