La Justicia investiga la presunta estafa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda promovida por el Presidente. La medida incluye también a empresarios locales y extranjeros.
El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del presidente Javier Milei y de su hermana, Karina Milei, en el marco de la causa que investiga la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA. La medida busca determinar su posible participación en la promoción del activo digital, que fue lanzado por Hayden Davis y otras personas vinculadas a empresas tecnológicas.
La causa está a cargo de la jueza María Servini, quien recibió la investigación tras una disputa de competencia con la magistrada Sandra Arroyo Salgado. El dirigente Juan Grabois, querellante en el expediente, fue quien dio a conocer públicamente el pedido del fiscal. La causa avanza con medidas clave, como pedidos de informes al Banco Central, Google, la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia.
La denuncia original fue presentada por Claudio Lozano el 17 de febrero pasado, luego de que Milei publicara un tuit promocionando $LIBRA. Según la presentación, el valor del token subió de forma abrupta de U$S0,01 a casi U$S5 tras ese posteo, para luego desplomarse horas más tarde. Esta maniobra habría permitido a los creadores de la moneda y a algunos inversores privilegiados obtener ganancias de hasta US$100 millones, mientras que más de 40.000 personas habrían sufrido pérdidas.
Entre los señalados se encuentran, además de Davis, los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. Las empresas extranjeras Kip Network y Kelsier Ventures también están bajo la lupa. La primera tendría presencia en Argentina a través de Kip Protocol, bajo la responsabilidad de Novelli. Según la denuncia, el Presidente habría tenido contacto previo con los responsables del proyecto en el Tech Forum 2023, evento que organizó Novelli.
Por último, la denuncia indica que el propio Milei habría mantenido encuentros con los empresarios involucrados tanto en la Casa Rosada como en la Quinta de Olivos. Incluso se planteó que estos encuentros podrían haber sido facilitados mediante pagos al entorno presidencial. Las figuras penales en juego son abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho, según detalló el fiscal Taiano.
